SPL-UGT reivindica el adelanto de la edad de jubilación de los policías.

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO, CSIF, COP y CSL representan a la práctica totalidad de los 80.000 Policías Locales y Autonómicos de toda España. Un hecho especialmente significativo en un ámbito muy heterogéneo y sometido a tantos criterios como Ayuntamientos y CCAA hay en nuestro país. Hoy es una buena noticia para los Policías Locales y Autonómicos de toda España: la puesta en común del trabajo realizado de manera individual por las organizaciones citadas. 


Esta unidad sindical parte de un convencimiento compartido, del deseo conjunto de de mejorar la calidad del servicio que prestamos a la sociedad y de la necesidad de impulsar definitivamente un acto de justicia laboral: el adelanto de la edad de jubilación de los Policías Locales y Autonómicos.

Tanto UGT, CCOO y CSIF como COP y CSL llevamos muchos meses trabajando por lograr un avance del que ya disfrutan decenas de miles de policías autonómicos (no todos por cierto), guardias civiles, policías nacionales e incluso bomberos, y de esta forma situarnos en el arco del resto de policías europeas de nuestro entorno (Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Francia, etc.). Para conseguir que uno de los servicios públicos más cercanos al ciudadano y que más se valora por ser el garante de los derechos y libertades fundamentales gane en calidad y eficacia.

Precisamente por ello, la Unidad de Acción para el anticipo de la edad de jubilación de Policías Autonómicas y Locales, como plataforma que ya funcionaba con el impulso de CCOO, UGT y CSIF, incorpora las voluntades y esfuerzos de los miles de policías locales que aportan la Confederación de Seguridad Local (CSL) y la Coordinadora de Policías (COP). Presidida por los principios de cooperación, colaboración, coordinación y eficiencia, la ya reforzada Unidad de Acción, abierta siempre a la suma de esfuerzos, pretende “crear cauces que permitan el anticipo de la edad de jubilación de las Policías Autonómicas y Locales con la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía, mediante la participación en la creación de un nuevo proyecto de Seguridad Pública”.

UGT valora que la Audiencia Nacional traslade al Tribunal Constitucional el recorte del salario de los empleados públicos, por su posible inconstitucionalidad

El sindicato considera que este auto puede poner en duda la constitucionalidad de otros conflictos colectivos pendientes de juicio.

UGT valora el auto dictado hoy por la Audiencia Nacional, por el que plantea al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto Ley 8/2010, por el que se recorta un 5% el salario a los empleados públicos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La Audiencia dicta que la citada norma podría vulnerar el derecho de libertad sindical, de negociación colectiva y el derecho de igualdad regulados por la Constitución. El sindicato considera que el auto, sin prejuzgar la resolución final sobre este conflicto colectivo, apoya los argumentos defendidos por UGT contra el Real Decreto por poner en duda la constitucionalidad del recorte de salarios a los empleados públicos. Asimismo, manifiesta que dicha resolución puede poner en tela de juicio la constitucionalidad de otros conflictos colectivos pendientes de juicio.

UGT valora el auto dictado en el día de hoy por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que plantea formalmente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el Real Decreto Ley 8/2010, por el que se recortan un 5% los salarios de los empleados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

La Sala de lo Social da traslado al Constitucional para que éste se pronuncie sobre si la citada norma “ha vulnerado o no el derecho de libertad sindical, regulado en los artículos 7 y 28.1 de la Constitución, en relación con el derecho de negociación colectiva, regulado en el artículo 37.1 de la Constitución, y en relación con el derecho de igualdad”.

UGT considera que el auto de la Audiencia Nacional, sin prejuzgar la resolución final sobre este conflicto colectivo, apoya los argumentos defendidos por el sindicato ante este Real Decreto, como ya dictó este mismo organismo el pasado 7 de octubre, cuando manifestaba sus dudas sobre la constitucionalidad de la redacción dada al artículo que hacía referencia a la rebaja del sueldo de los funcionarios.

Además, el sindicato manifiesta que este auto puede poner en duda la constitucionalidad de otros conflictos colectivos que se encuentran actualmente pendientes de juicio, como son el caso del Banco de España o de Canal Sur.